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La exención prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por despido calificado judicialmente como improcedente, exige que se dé una real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa durante un plazo de tres años.

Si el trabajador fuera contratado nuevamente por la empresa sin transcurrir el citado plazo de tres años perdería el derecho a la exención.

No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario de la inexistencia de la real efectiva desvinculación, que corresponde valorar a los órganos encargados de las actuaciones de comprobación e investigación tributaria.

Para mayor información consulte a Antonio Pérez Viera en “A.P.V. Asesores & Auditores”

 

 

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