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De acuerdo con la sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2014, el incumplimiento por parte de la promotora de la obligación de garantizar al comprador las cantidades entregadas anticipadamente, exigida legalmente por la Ley 57/1968, es imputable también a los administradores de la promotora para exigirles responsabilidad a título individual pues se trata del incumplimiento de una norma sectorial, de carácter imperativo, cuyo cumplimiento se impone como deber del administrador, en tanto que deber de diligencia, conectado con el ámbito de sus funciones. La acción individual de responsabilidad no es una acción subsidiaria, sino directa y principal. 

Para mayor información consulte a Antonio Pérez Viera en “A.P.V. Asesores & Auditores”

 

 

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